La difícil sostenibilidad ambiental de la minería turolense (III): la respuesta social

La minería provee a la industria de materias primas necesarias para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Pero es también una actividad con graves consecuencias ambientales. Conjugar los intereses de los distintos actores implicados (empresas, ciudadanos, Administración autonómica y local) requiere una reflexión profunda y un análisis de cómo los proyectos mineros pueden comprometer otras formas de desarrollo del territorio. En ese sentido, hay que distinguir entre los municipios y comarcas que tienen tradición minera, y por tanto experiencias propias sobre las que hacer balance, y aquellas otras que no la tienen, pero que son objeto últimamente de una avalancha de nuevos proyectos. 

La percepción social en los primeros podemos ejemplificarla en dos municipios como Galve y Castellote. Ambos tienen minas activas de arcilla que tienen un fuerte impacto en el patrimonio natural y cultural (incluso en espacios protegidos de la Red Natura 2000), y también un sector turístico destacable que ‘explota’ ese mismo patrimonio. En Galve, el sector de población que sostiene una economía local basada en el turismo cultural (patrimonio paleontológico) lamenta la herida en el paisaje que la mina supone, y el escaso compromiso ambiental demostrado por la compañía que la explota (Sibelco). En Castellote, quizá la población en general y el sector hostelero en particular no perciben con tanta preocupación los impactos: son muchos quienes han aprendido a convivir con ellos. Sin embargo, también allí existe una creciente oposición, por parte de quienes valoran que el impacto acumulado que producen sus seis canteras de arcilla difícilmente puede ser compensado por los apenas dos empleos permanentes que éstas proporcionan.  

Un problema cualitativamente distinto está en territorios sin tradición minera como el Maestrazgo o el alto Alfambra.  El sector cerámico de Castellón puede ejercer a corto y medio plazo una fuerte presión sobre las reservas potenciales de arcilla que hay en esas zonas; en los últimos años se han planteado hasta unos quince nuevos proyectos en ese territorio, que de ir adelante podrían configurar una ‘nueva cuenca minera’. Sus paisajes, los usos tradicionales del suelo, así como otros desarrollos alternativos basados en el sector terciario, quedarían hipotecados. El reto del sector minero de hacer atractivos sus proyectos en este territorio es muy difícil: hay numerosos casos de malas prácticas que han creado una imagen negativa difícil de borrar, y su capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la fuerte tendencia a la despoblación es nula debido a los escasos empleos que reportan. 

Esto explicaría por qué han surgido graves conflictos como el de Aguilar del Alfambra, entre la empresa que quiere abrir una cantera junto al pueblo y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. El Ayuntamiento denegó en 2008 a la compañía WBB (ahora Sibelco) la licencia ambiental de actividades clasificadas, argumentando un posible fraude al calcular artificialmente a la baja el volumen anual de material removido, y señalando que era necesaria una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. La empresa inició un procedimiento contencioso-administrativo que ha llegado a todas las instancias judiciales, fallando en contra del Ayuntamiento. La contestación social pacífica no ha merecido atención por parte del estamento judicial ni político, pero sí una condena por injurias (recurrida ahora ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). Todo ello da idea de las tensiones que puede causar el choque de intereses entre una empresa minera que utiliza a veces subterfugios legales para defenderlos y la población local que es privada de derechos básicos sobre su patrimonio y su territorio.

José Luis Simón

Alejandro J. Pérez

Javier Oquendo

Colectivo Sollavientos

La difícil sostenibilidad ambiental de la minería turolense (II): los problemas técnicos

La correcta gestión medioambiental de las explotaciones mineras depende de varios factores técnicos, cuya incidencia es diferente según el tipo de recurso, las técnicas de explotación (en Teruel y en Aragón, en este momento, casi exclusivamente a cielo abierto) y las condiciones del mercado. Es clarificador comparar la trayectoria reciente de dos subsectores: el carbón y la arcilla.

La minería de carbón a cielo abierto ha sido desempeñada en las últimas décadas por grandes empresas (ENDESA, MFU) que han realizado investigaciones sistemáticas del recurso, han podido cumplir planes de explotación bien definidos y atender una demanda predecible (centrales térmicas de Escucha y Andorra). Por otro lado, los procesos de reconversión han liberado mano de obra capaz de ejecutar racionalmente proyectos de restauración de gran envergadura. El resultado son algunos buenos ejemplos (Escucha-Utrillas, Val de Ariño, Gargallo) de explotaciones de dimensiones kilométricas que, tras su cierre, han conseguido una notable recuperación del entorno. 

La minería de arcilla es totalmente diferente. Las llamadas arcillas de pasta roja, destinadas a la fabricación de ladrillos, tejas y pavimentos de tipo ‘rústico’, se presentan en yacimientos con poca proporción de material no aprovechable (estéril). Esto último limita las posibilidades de rellenar los huecos de explotación, lo cual, unido al valor relativamente bajo del producto (3-4 euros/Tm), dificulta una correcta restauración. Las arcillas de pasta blanca forman capas más delgadas y con mayor cantidad de estériles, lo que permitiría hacer minería de transferencia (relleno del hueco a la vez que avanza el frente de explotación), modelar una topografía bien integrada en el paisaje y reducir el tamaño del hueco final. El mayor valor añadido del producto haría asimismo que los costes de restauración repercutieran en un porcentaje menor sobre el precio final de mercado (30-90 euros/Tm). Sin embargo, los yacimientos de arcillas blancas son muy impredecibles en relación con los requerimientos técnicos que los clientes (esencialmente, la industria cerámica de Castellón) demandan. Esta demanda cambia con frecuencia en función de modas estéticas, innovaciones técnicas de la industria y fluctuaciones del mercado. La pasta que entra en el horno proviene de mezclas de arcillas de distintos tipos y procedencias; una pequeña variación en el precio o la calidad de un componente en origen puede hacer que la industria cancele, incremente o modifique sus pedidos a una cantera. Ello impide planificar las labores de extracción y, por ende, las de restauración: el yacimiento se va explotando conforme se encuentran zonas que cumplen los requisitos demandados, abriendo frentes y haciendo acopios según decisiones que cambian cada poco tiempo. 

Aunque sobre el papel los proyectos de minería de arcilla sean viables, aunque hayan obtenido una Declaración de Impacto Ambiental positiva, y aunque tengan (también sobre el papel) planes de labores y restauración correctos, su cumplimiento en el día a día se hace inviable. Quizá esto explique por qué en el área más activa en la provincia de Teruel (Castellote-Berge-Estercuel-Crivillén-Ariño), y según un estudio de la Escuela Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza), de las 540 ha ocupadas por canteras sólo un 14% están restauradas, y sólo dos canteras tienen superficies restauradas con resultados homologables a los del carbón. El sector de las arcillas está muy lejos de poder mostrar ejemplos de restauración de calidad aceptable, y menos aun que hayan incorporado las mejores técnicas de restauración disponibles. Estas técnicas han progresado mucho en los últimos años y están siendo aplicadas en regiones vecinas con notable éxito. La viabilidad del sector minero pasa por su adecuación ambiental, y un requisito para ello es llevar a cabo restauraciones que funcionen y proporcionen servicios a la sociedad.  

José Luis Simón

José Manuel Nicolau 

Colectivo Sollavientos 

La difícil sostenibilidad ambiental de la minería turolense (I): lagunas administrativas

La compatibilidad de la actividad minera con la conservación medioambiental requiere acciones de la Administración en tres frentes sucesivos: ordenación, evaluación de impactos y vigilancia ambiental. En Aragón funciona razonablemente sólo uno de esos instrumentos: la Evaluación de Impacto Ambiental, que la Administración trata de implementar con el máximo rigor, aun cuando ciertas prácticas arraigadas en el sector minero lo dificultan: calidad deficiente de muchos proyectos y estudios de impacto ambiental; minusvaloración de los activos ambientales y patrimoniales del territorio; utilización de métodos de restauración poco actualizados y excesivo optimismo en sus resultados. 

No existe, sin embargo, ningún tipo de ordenación del sector. Un borrador de plan de ordenación minera de Aragón redactado hace más de siete años no prosperó, y la Administración aragonesa actual no lo tiene en su agenda. La administración minera aragonesa arguye que establecer un marco normativo propio, contando con la participación de todos los actores implicados y respetando la normativa estatal, resulta complejo; también, que su misión no es establecer restricciones, sino fomentar el desarrollo de explotaciones viables que generen riqueza. Desde sectores científicos y ambientalistas se reclama una ordenación minero-ambiental soportada por una Evaluación Ambiental Estratégica que analize los territorios en su conjunto y establezca dónde se pueden ubicar nuevos proyectos mineros y dónde no. Está en juego no sólo la optimización y rentabilidad máxima de las actividades extractivas, sino también su compatibilidad con la conservación del patrimonio y con otras actividades y usos del territorio. También las empresas reclaman una seguridad que les permita acometer planes de inversión y negocio con garantías de futuro, escenario que sería más factible con esa ordenación. Y, por supuesto, la reclama la población afectada (seguridad de sostenibilidad medioambiental, compromiso con el territorio). Resulta, por tanto, paradójico que la DGA no la contemple.  

Tampoco la inspección y vigilancia ambiental funciona como debería. La Administración aragonesa reconoce que los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no tiene fuerza coercitiva. La cuantía del aval es aún muy baja en relación con el coste real de la restauración y con los beneficios que la empresa puede obtener, de modo que ésta prefiere muchas veces incumplir su obligación de restaurar y renunciar a su devolución. El Director General de Energía y Minas de la DGA ha promulgado recientemente una Resolución sobre el control e inspección minera en el ejercicio de 2016 (BOA de 15 de marzo), a la vez que ha dado a conocer que este mismo año se ha tramitado por primera vez una restauración de forma subsidiaria con el importe del aval. Ojalá sea el comienzo de una etapa de mayor rigor en esta tarea tan trascendental.

Hasta ahora, la Evaluación de Impacto Ambiental de cada proyecto individual ha sido abordada sin un contexto de planificación adecuado (como podría ser una Evaluación Ambiental Estratégica), y sabiendo que los planes de labores y restauración no iban a tener un seguimiento cercano, ni probablemente sanciones en caso de incumplimiento. La EIA ha devenido así un mero trámite administrativo en el que muchas veces (curiosa y paradójicamente) es el proceso de participación pública el que saca a la luz problemas que los informes técnicos habían soslayado. Las garantías que la sociedad civil tiene acerca de la compatibilidad ambiental de la actividad minera en su conjunto se convierten, por consiguiente, en mera abstracción.

José Luis Simón

Ángel Marco 

Colectivo Sollavientos