Problemática medioambiental de la minería en Aragón
(un esquema de síntesis a partir de la reflexión y la experiencia del Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra y del Colectivo Sollavientos)
1) Las tres patas de la compatibilidad minería-medio ambiente
1.1) La compatibilidad de la actividad minera con la conservación medioambiental requiere la acción combinada, por parte de la Administración, de instrumentos de (i) ordenación, (ii) evaluación de impactos, y (iii) vigilancia ambiental. Las tres son necesarias; si falla cualquiera de ellas, el sistema se tambalea.
1.2) En este momento, en Aragón, funciona razonablemente sólo uno de esos instrumentos: la Evaluación de Impacto Ambiental, que la Administración trata de implementar con el máximo rigor, aun cuando ciertas prácticas arraigadas en el sector minero se lo ponen a veces difícil: calidad deficiente de muchos proyectos y Estudios de Impacto Ambiental; minusvaloración de los activos ambientales y patrimoniales del territorio; utilización de métodos de restauración poco actualizados y excesivo optimismo en sus resultados.
1.3) No existe ningún tipo de ordenación minera. En numerosos foros de debate recientes se ha argumentado su necesidad. Las propias empresas reclaman una planificación estable que les permita acometer planes de inversión a largo plazo, mientras la población afectada reclama una sostenibilidad medioambiental y un compromiso de las empresas con el territorio que hacen de dicha ordenación algo razonable y beneficioso para todos. Sin embargo, borradores de una ley de minería de Aragón y un plan de ordenación minera redactados hace más de 7 años no han visto la luz, y la administración minera actual no los tiene en su agenda. Parece que hay dificultades de encaje con la legislación estatal, pero quizá lo que hay que plantearse cambiar es la Ley de Minas de 1973 (preconstitucional). Desde sectores científicos y ambientalistas se reclama que se haga una ordenación minero-ambiental, puesto que lo que está en juego no es sólo la optimización y rentabilidad máxima de la actividad minera, sino también su compatibilidad con la conservación del patrimonio natural y cultural y con otras actividades y usos del territorio en el medio rural.
1.4) Tampoco funciona como debería la inspección y vigilancia ambiental. Los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no funciona adecuadamente. Se imponen muy pocas sanciones, y no existe ningún caso en que la Administración haya acometido una restauración de forma subsidiaria con el importe de ese aval.
1.5) En tal situación, la Evaluación de Impacto Ambiental de cada proyecto individual es abordada sin un contexto de planificación adecuado (como podría ser una Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas), y sabiendo que los planes de labores y restauración que se deriven del mismo no van a tener un seguimiento cercano, ni probablemente sanciones en caso de incumplimiento. La EIA se convierte así en un mero trámite administrativo en el que muchas veces, de forma curiosa y paradójica, es el proceso de participación pública el que saca a la luz problemas que los informes técnicos habían soslayado. Las garantías que la sociedad civil tiene acerca de la compatibilidad ambiental de la actividad minera en su conjunto se convierten, por consiguiente, en mera abstracción.
1.2) En este momento, en Aragón, funciona razonablemente sólo uno de esos instrumentos: la Evaluación de Impacto Ambiental, que la Administración trata de implementar con el máximo rigor, aun cuando ciertas prácticas arraigadas en el sector minero se lo ponen a veces difícil: calidad deficiente de muchos proyectos y Estudios de Impacto Ambiental; minusvaloración de los activos ambientales y patrimoniales del territorio; utilización de métodos de restauración poco actualizados y excesivo optimismo en sus resultados.
1.3) No existe ningún tipo de ordenación minera. En numerosos foros de debate recientes se ha argumentado su necesidad. Las propias empresas reclaman una planificación estable que les permita acometer planes de inversión a largo plazo, mientras la población afectada reclama una sostenibilidad medioambiental y un compromiso de las empresas con el territorio que hacen de dicha ordenación algo razonable y beneficioso para todos. Sin embargo, borradores de una ley de minería de Aragón y un plan de ordenación minera redactados hace más de 7 años no han visto la luz, y la administración minera actual no los tiene en su agenda. Parece que hay dificultades de encaje con la legislación estatal, pero quizá lo que hay que plantearse cambiar es la Ley de Minas de 1973 (preconstitucional). Desde sectores científicos y ambientalistas se reclama que se haga una ordenación minero-ambiental, puesto que lo que está en juego no es sólo la optimización y rentabilidad máxima de la actividad minera, sino también su compatibilidad con la conservación del patrimonio natural y cultural y con otras actividades y usos del territorio en el medio rural.
1.4) Tampoco funciona como debería la inspección y vigilancia ambiental. Los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no funciona adecuadamente. Se imponen muy pocas sanciones, y no existe ningún caso en que la Administración haya acometido una restauración de forma subsidiaria con el importe de ese aval.
1.5) En tal situación, la Evaluación de Impacto Ambiental de cada proyecto individual es abordada sin un contexto de planificación adecuado (como podría ser una Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas), y sabiendo que los planes de labores y restauración que se deriven del mismo no van a tener un seguimiento cercano, ni probablemente sanciones en caso de incumplimiento. La EIA se convierte así en un mero trámite administrativo en el que muchas veces, de forma curiosa y paradójica, es el proceso de participación pública el que saca a la luz problemas que los informes técnicos habían soslayado. Las garantías que la sociedad civil tiene acerca de la compatibilidad ambiental de la actividad minera en su conjunto se convierten, por consiguiente, en mera abstracción.
2) La minería de carbón
2.1) La minería de carbón a cielo abierto, especialmente en las últimas décadas, ha sido desempeñada por algunas grandes empresas (ENDESA, MFU) que (i) han realizado investigaciones sistemáticas del recurso; (ii) han podido cumplir planes de explotación bien definidos, para atender una demanda relativamente previsible de clientes fijos (centrales térmicas de Escucha y Andorra), y (iii) han podido aplicar asimismo procedimientos racionales de restauración siguiendo el sistema de minería de transferencia y tras más de una década de esfuerzos en I+D. Por otro lado, sus procesos de reconversión han liberado en algunos momentos mano de obra abundante para ejecutar proyectos de restauración de gran envergadura. El resultado son algunos buenos ejemplos (Escucha, Andorra) en que, tras permanecer activas durante varios años algunas explotaciones de escala kilométrica, se ha conseguido una notable recuperación del entorno.
3) La minería de arcilla
3.1) La complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas hace difícilmente predecibles sus propiedades y, ante una demanda también compleja y voluble por parte de los clientes (esencialmente, la industria cerámica de Castellón), dificulta la planificación de las labores de explotación y restauración. Aunque sobre el papel los proyectos sean viables, aunque hayan obtenido una Declaración de Impacto Ambiental positiva, y aunque tengan (también sobre el papel) planes de labores y restauración correctos, su cumplimiento en el día a día se hace casi imposible. Quizá esto explique por qué en el área más activa en la provincia de Teruel (Castellote-Berge-Estercuel-Ariño) hay ocupadas por canteras un total de 540 ha de las que sólo el 14% está restaurado.
3.2) Hay un grave problema en territorios sin tradición minera del centro de la provincia de Teruel, como el Maestrazgo, alto Guadalope o alto Alfambra. Una reactivación del sector cerámico en Castellón puede producir una fuerte presión sobre las reservas potenciales de arcilla que hay en esas zonas; en los últimos años se han planteado hasta unos quince nuevos proyectos en ese territorio, que de ir adelante podrían dar lugar a una verdadera ‘nueva cuenca minera’. Sus paisajes, los usos tradicionales del suelo, así como otros desarrollos alternativos basados en el sector terciario (turismo rural, natural y cultural a partir de su rico patrimonio), quedarían hipotecados. El reto del sector minero de hacer atractivos sus proyectos en este territorio es muy difícil, y su capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la tendencia a la despoblación en la provincia de Teruel es nula. Existen ejemplos de malas prácticas que han creado una imagen negativa difícil de borrar.
3.3) Esto explicaría por qué han surgido conflictos en localidades como Aguilar del Alfambra, donde existe un contencioso grave entre la empresa Sibelco, que quiere abrir una nueva mina muy cerca del pueblo, y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. El Ayuntamiento impugnó una antiguo permiso de explotación concedido a la compañía WBB (ahora Sibelco), amparándose en un posible fraude cometido por la empresa al calcular el volumen total anual de material removido, situándolo artificialmente por debajo del límite que hubiese exigido una EIA ordinaria, que en su momento no se hizo. El contencioso ha llegado a todas las instancias judiciales, hasta el Tribunal Supremo, que no han dado la razón al Ayuntamiento. En paralelo, una carta publicada en la prensa por la Plataforma Aguilar Natural, criticando la sentencia inicial de una juez de Teruel a favor de la empresa, fue causa de condena por injurias a los autores, que se halla recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todo ello da idea de los conflictos que puede llegar a causar el choque de intereses entre una empresa minera que utiliza a veces subterfugios legales para defenderlos y una población local que es privada de derechos básicos sobre su patrimonio y su territorio.
3.1) La complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas hace difícilmente predecibles sus propiedades y, ante una demanda también compleja y voluble por parte de los clientes (esencialmente, la industria cerámica de Castellón), dificulta la planificación de las labores de explotación y restauración. Aunque sobre el papel los proyectos sean viables, aunque hayan obtenido una Declaración de Impacto Ambiental positiva, y aunque tengan (también sobre el papel) planes de labores y restauración correctos, su cumplimiento en el día a día se hace casi imposible. Quizá esto explique por qué en el área más activa en la provincia de Teruel (Castellote-Berge-Estercuel-Ariño) hay ocupadas por canteras un total de 540 ha de las que sólo el 14% está restaurado.
3.2) Hay un grave problema en territorios sin tradición minera del centro de la provincia de Teruel, como el Maestrazgo, alto Guadalope o alto Alfambra. Una reactivación del sector cerámico en Castellón puede producir una fuerte presión sobre las reservas potenciales de arcilla que hay en esas zonas; en los últimos años se han planteado hasta unos quince nuevos proyectos en ese territorio, que de ir adelante podrían dar lugar a una verdadera ‘nueva cuenca minera’. Sus paisajes, los usos tradicionales del suelo, así como otros desarrollos alternativos basados en el sector terciario (turismo rural, natural y cultural a partir de su rico patrimonio), quedarían hipotecados. El reto del sector minero de hacer atractivos sus proyectos en este territorio es muy difícil, y su capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la tendencia a la despoblación en la provincia de Teruel es nula. Existen ejemplos de malas prácticas que han creado una imagen negativa difícil de borrar.
3.3) Esto explicaría por qué han surgido conflictos en localidades como Aguilar del Alfambra, donde existe un contencioso grave entre la empresa Sibelco, que quiere abrir una nueva mina muy cerca del pueblo, y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. El Ayuntamiento impugnó una antiguo permiso de explotación concedido a la compañía WBB (ahora Sibelco), amparándose en un posible fraude cometido por la empresa al calcular el volumen total anual de material removido, situándolo artificialmente por debajo del límite que hubiese exigido una EIA ordinaria, que en su momento no se hizo. El contencioso ha llegado a todas las instancias judiciales, hasta el Tribunal Supremo, que no han dado la razón al Ayuntamiento. En paralelo, una carta publicada en la prensa por la Plataforma Aguilar Natural, criticando la sentencia inicial de una juez de Teruel a favor de la empresa, fue causa de condena por injurias a los autores, que se halla recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todo ello da idea de los conflictos que puede llegar a causar el choque de intereses entre una empresa minera que utiliza a veces subterfugios legales para defenderlos y una población local que es privada de derechos básicos sobre su patrimonio y su territorio.
4) Las pequeñas canteras: losas y alabastro
4.1) Las losas que forman por doquier el sustrato calizo del Maestrazgo y la sierra de Gúdar son objeto de una intensa actividad extractiva al ser apreciadas como roca ornamental ‘rústica’. Tras tres décadas de crecimiento exponencial, pueden contabilizarse más de cien explotaciones autorizadas, la mayoría en el término municipal de Mosqueruela, con una superficie media de 2 ha y 1-3 m de profundidad. Cuando la restauracion es correcta, pasados 10-15 años puede haberse conseguido una recuperación aceptable del paisaje en zonas de cultivos abandonados o deforestadas (no así si se abren en un bosque).
4.2.) Esto es lo que dice la teoría, pero la realidad es mucho más desalentadora. La restauración de las explotaciones ‘legales’ de losas es a menudo deficiente, pero además existen multitud de explotaciones ilegales, auténticos ‘escarbaderos’ abiertos de forma indiscriminada en pinares o en monte bajo. Se trata de un sector minero de difícil regulación; las explotaciones son pequeñas y proliferan sobre amplias extensiones en las que la losa se obtiene con facilidad; falta profesionalidad y verdadero sentido empresarial en muchos de los titulares de las mismas, y no existe ningún plan de ordenación a escala municipal o comarcal. En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Teruel había detectado en el Maestrazgo más de 130 canteras, en su mayoría de losas, y muchas de ellas ilegales, que tras abandonar su explotación no habían realizado ninguna restauración. Y todo ello afectando a un territorio con valores naturales sobradamente reconocidos y que gozan de figuras de protección como el LIC de Maestrazgo y Sierra de Gúdar o el BIC de la arquitectura de piedra.
4.3) El subsector del alabastro presenta un panorama parecido. También operan en él un número elevado de pequeñas empresas, muchas de las cuales incumplen sus obligaciones de restauración, amparándose en los reducidos importes de los avales depositados. A finales de la década de los 90 hubo gran contestación social en numerosos municipios del sur de la provincia de Zaragoza y norte de la de Teruel, que en 2003 y 2004 llevó a intervenir al Justicia de Aragón. Las quejas estaban motivadas por el destrozo paisajístico que ocasionan las explotaciones, el elevado grado de furtivismo y expolio en las mismas, y el escaso rendimiento que Aragón recibe (aun teniendo el 90% de la producción bruta mundial) debido a que casi toda la materia prima se exporta en bruto y es irrelevenate el valor añadido que deja en el territorio.
4.1) Las losas que forman por doquier el sustrato calizo del Maestrazgo y la sierra de Gúdar son objeto de una intensa actividad extractiva al ser apreciadas como roca ornamental ‘rústica’. Tras tres décadas de crecimiento exponencial, pueden contabilizarse más de cien explotaciones autorizadas, la mayoría en el término municipal de Mosqueruela, con una superficie media de 2 ha y 1-3 m de profundidad. Cuando la restauracion es correcta, pasados 10-15 años puede haberse conseguido una recuperación aceptable del paisaje en zonas de cultivos abandonados o deforestadas (no así si se abren en un bosque).
4.2.) Esto es lo que dice la teoría, pero la realidad es mucho más desalentadora. La restauración de las explotaciones ‘legales’ de losas es a menudo deficiente, pero además existen multitud de explotaciones ilegales, auténticos ‘escarbaderos’ abiertos de forma indiscriminada en pinares o en monte bajo. Se trata de un sector minero de difícil regulación; las explotaciones son pequeñas y proliferan sobre amplias extensiones en las que la losa se obtiene con facilidad; falta profesionalidad y verdadero sentido empresarial en muchos de los titulares de las mismas, y no existe ningún plan de ordenación a escala municipal o comarcal. En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Teruel había detectado en el Maestrazgo más de 130 canteras, en su mayoría de losas, y muchas de ellas ilegales, que tras abandonar su explotación no habían realizado ninguna restauración. Y todo ello afectando a un territorio con valores naturales sobradamente reconocidos y que gozan de figuras de protección como el LIC de Maestrazgo y Sierra de Gúdar o el BIC de la arquitectura de piedra.
4.3) El subsector del alabastro presenta un panorama parecido. También operan en él un número elevado de pequeñas empresas, muchas de las cuales incumplen sus obligaciones de restauración, amparándose en los reducidos importes de los avales depositados. A finales de la década de los 90 hubo gran contestación social en numerosos municipios del sur de la provincia de Zaragoza y norte de la de Teruel, que en 2003 y 2004 llevó a intervenir al Justicia de Aragón. Las quejas estaban motivadas por el destrozo paisajístico que ocasionan las explotaciones, el elevado grado de furtivismo y expolio en las mismas, y el escaso rendimiento que Aragón recibe (aun teniendo el 90% de la producción bruta mundial) debido a que casi toda la materia prima se exporta en bruto y es irrelevenate el valor añadido que deja en el territorio.
5) Los proyectos de explotación de gas de pizarra mediante fracking
5.1) Existe una proliferación de solicitudes de permisos de investigación de gas no convencional presentadas en Aragón en los últimos años, que implicarían la utilización de la técnica de fracturación hidrúalica o fracking tanto en la segunda fase de investigación como en la propia explotación. La empresa Montero Energy presentó en 2012 los proyectos Kepler y Copérnico al este de la ciudad de Zaragoza, y el proyecto Platón en el Maestrazgo (en un bloque junto a otros tres en la vecina provincia de Castellón: Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras). La documentación presentada con estas solicitudes tiene gravísimas deficiencias técnicas, y parece haber sido preparada para cumplir un mero trámite administrativo que quizá se confiaba superar sin ningún tipo de exigencia de calidad. Ni la Administración ni la ciudadanía se merecen una falta de respeto semejante. Los proyectos presentados en Castellón fueron desacreditados de forma contundente por una comisión de expertos nombrada por la Diputación Provincial. Las solicitudes en Aragón se hallan aún sin resolver; en las de Castellón la empresa ha sido requerida para subsanar las deficiencias y presentarlas de nuevo. Un 60% del capital de Montero Energy fue comprado en 2014 por el grupo aragonés SAMCA.
5.2) En 2013 el Gobierno central autorizó un permiso de investigación a caballo entre las provincias de Zaragoza y Navarra (Aquiles) a la compañía Frontera Energy. Dentro de esos planes de investigación, la empresa sometió a Consultas Previas un plan para la realización de prospección sísmica solicitando que se le aplicase un procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada. En el trámite de información pública se presentaron alegaciones, y el Ministerio no ha resuelto aún si acepta tramitar una EIA Simplificada o exige una ordinaria.
5.3) Existen otros permisos solicitados al Gobierno de Aragón más recientemente y aún no anunciados en el BOA: Aragón 1, 2, 3 y 4, que afectan conjuntamente a las tres provincias, y Muniesa y Pitarque, en Teruel. Todos ellos han sido solicitados por empresas aragonesas, filiales respectivamente de los grupos SAMCA y TERVALIS.
5.4) Son más que obvios los impactos que la explotación de gas de pizarra mediante fracking tendrían en superficie: demanda de agua; ocupación de suelo; masivo movimiento de tierras para establecer las plataformas de explotación y la red de caminos de acceso… Resulta muy difícil compatibilizar todo ello con otros modelos de desarrollo del medio rural basados en los activos de su patrimonio natural y cultural, por ejemplo.
5.4) Existe una gran opacidad sobre las formaciones geológicas que se quieren investigar, algo extremadamente relevante para valorar su posible impacto en los acuíferos. Éstos podrían verse contaminados por productos químicos nocivos del fluido que se inyecta a gran presión para producir el fracking, o también a sustancias naturales (arsénico, metales pesados…) que puede haber en el subsuelo y que serían movilizadas por esa inyección. La industria insiste en que blindar e impermeabilizar el tramo superior del pozo vertical garantiza la protección del acuífero, que se hallaría siempre a una ‘distancia de seguridad’ de más de 1000 m de las formaciones geológicas en que se explota el gas. Sin embargo, hay serias dudas de que esto pueda cumplirse en zonas como el Maestrazgo, donde un gran acuífero regional que ocupa las formaciones calcáreas profundas del Jurásico se intercalaría estrechamente con las capas que pueden contener gas de pizarra, y la contaminación sería inevitable.
5.6) La exploración y explotación de gas no convencional requiere un conocimiento profundo de la geología de la zona. No sólo una valoración realista de los recursos disponibles; no sólo una tecnología para extraerlos de forma eficaz. También una idea clara de la configuración de las rocas y el agua en el subsuelo, una previsión rigurosa de los cambios que el fracking puede inducir, a fin de contrarrestar los riesgos que su aplicación conlleva. Sólo estudios muy detallados de las propiedades físicas de las rocas, de su fracturación y de las tensiones que soportan en condiciones naturales permitirían comprender el comportamiento del terreno profundo y afrontar esa prevención. Todo ello exigiría sin duda una Evaluación Ambiental Estratégica, con unos requisitos muy superiores a los que se aplican habitualmente, en virtud de las elevadísimas incertidumbres que existen sobre cómo pueden comportarse los sistemas geológicos profundos.
6) El proyecto de potasas de las altas Cinco Villas
6.1) En los yacimientos de potasas que comparten Aragón y Navarra hay una batería de cuatro proyectos, todos ellos solicitados por GEOALCALI. Van desde Sierra del Perdón (W de Pamplona, donde está la antigua explotación de Potasas de Navarra que cerró en 1997) hasta Bailo (Huesca), pasando por el norte de Cinco Villas. A cada proyecto se asocian varios permisos de investigación diferentes. El proyecto oriental (Pintanos) incluye los P.I. Puntarrón y Molineras. Uno de ellos está parado por inicio de expediente sancionador por hacer sondeos fuera de las zonas aprobadas; el otro también se ha denunciado por la misma razón, y por modificar los objetivos de los sondeos. Los dos proyectos más occidentales (Vipasca y Perdón) están ya enteramente en Navarra. El proyecto central (Mina Muga; área de Undués de Lerda-Urriés-Javier) está en tramitación en el Ministerio (por estar a caballo entre Aragón y Navarra). Abarca tres P.I. aprobados: uno concedido en Aragón (Muga 3500), otro concedido en Navarra (Goyo) y otro a caballo entre ambas comunidades (Fronterizo) concedido por el Ministerio.
6.2) El proyecto Muga presenta una serie de complejidades y anomalías en su tramitación. Además de los tres P.I. aprobados, también abarca otras áreas en las que GEOALCALI ha solicitado explotación directa al Ministerio (que lleva aparejada un acto de encomienda, por el cual Navarra y Aragón trasladan la tramitación de EIA al Ministerio, aunque compartiendo con éste la decisión final sobre la DIA). Pero también ha pedido a la vez dos P.I. a Aragón (Muga Sur) y a Navarra (Goyo Sur), todavía no resueltos. Para Goyo Sur, que tiene 29 cuadrículas en Navarra y 3 cuadrículas en Aragón, pidieron inicialmente el P.I. a ambas cc.aa., pero luego han pedido de nuevo P.I. a Navarra sólo para las 29 cuadrículas. Esto implica que la solicitud ‘doble’ anterior, a Navarra y Aragón, quedó cancelada. Sin embargo, precisamente en las 3 cuadrículas que son de Aragón (para las que la solicitud de P.I. está cancelada, y en las que en todo caso no tienen concedido ningún permiso,) es donde han proyectado el inicio de una supuesta ‘galería de investigación’, que atravesaría bajo Muga Sur hasta Muga 3500, que es donde pretenden investigar el recurso por tener concedido permiso. En su momento, la Administración aragonesa admitió que esa galería se considerase como un trabajo convencional dentro del plan de labores de investigación y no se le exigiese EIA. Sin embargo, existen firmes sospechas de que bajo ese proyecto de ‘galería de investigación’ se esconde el propósito de abrir ya una galería de explotación, que sí precisaría EIA. Aparte de ello, el hecho de que la galería arranque en un punto que carece de P.I. (irregularidad manifiesta) y baje por debajo del freático (hasta 360 m de profundidad) exigirían por sí mismas una revisión de aquella decisión aprobatoria.
6.3) Todo ello configura un proyecto minero de gran envergadura, tramitado de forma múltiple y compleja a través de tres administraciones diferentes, apoyado en permisos ya existentes y en otros nuevos solicitados, con potenciales impactos ambientales (contaminación superficial y en el subsuelo, cambios de usos del suelo, posible sismicidad inducida en un área con un potencial sísmico natural conocido) que requerirían un tratamiento ambiental global y racional, y aconsejarían por tanto una Evaluación Ambiental Estratégica.
José Luis Simón Gómez
Dpto. de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza
Geoforo por una Nueva Cultura de la Tierra
Colectivo Sollavientos
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