martes, 2 de febrero de 2016

LA MINERIA DE ARCILLAS A CIELO ABIERTO EN ARAGÓN: IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL


                   


CICLO DE MESAS REDONDAS 
La minería de arcillas a cielo abierto en Aragón: impacto ambiental y social 


RESUMEN:
Los pasados días 14 y 21 de enero se celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (Fundación CAI), un ciclo de dos mesas redondas sobre ‘La minería de arcillas a cielo abierto en Aragón: impacto ambiental y social’, organizadas por dos colectivos de opinión: el GEOFORO por una Nueva Cultura de la Tierra y el Colectivo Sollavientos.
La primera mesa (Explotación y restauración: el complejo equilibrio de la ‘sostenibilidad’tenía como objetivo abordar aspectos técnicos acerca del contexto geológico y minero de los yacimientos, normativa y métodos de explotación, y problemática de la restauración. Contó con la participación de José Ignacio Urbizu (DGA), Óscar Fayanas (INAGA),  José Antonio Alfaro (geólogo consultor), José Manuel Nicolau (ecólogo)y José Luis Simón (moderador), estos últimos de la Universidad de Zaragoza. Se destacó la complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas, que hace difícilmente predecibles sus propiedades y, ante una demanda también compleja por parte de los clientes (esencialmente la industria cerámica de Castellón), dificulta la planificación de las labores de explotación y restauración. La Administración realiza con rigor la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos, rechaza aquellos que no son medioambientalmente compatibles, y desempeña de forma coordinada la posterior inspección y vigilancia ambiental. No obstante, reconoce que los medios humanos disponibles resultan insuficientes, y que el mecanismo de los avales que las empresas depositan para garantizar que acometerán la preceptiva restauración no funciona adecuadamente. 
La segunda mesa (La minería actual y los nuevos proyectos: expectativas y respuestas en el territorio) abordó los aspectos más sociales: el dilema que se plantea entre los impactos medioambientales, socioeconómicos y patrimoniales de este tipo de minería y las oportunidades de desarrollo que puede ofrecer a Aragón, especialmente a Teruel. Participaron Alejandro J. Pérez (geógrafo de la Universidad de Valencia), Emilio Querol (Ingeniero Técnico de Minas), Javier Oquendo (Educador ambiental de Castellote), Miguel A. Herrero (Arqueólogo, Museo Paleontológico de Galve) y José Luis Simón (moderador, Universidad de Zaragoza). A pesar de las gestiones realizadas por los organizadores, no se pudo contar con participación directa de las empresas mineras. Se destacó el papel de la minería como proveedora de productos que la industria y la sociedad necesitan, pero también sus graves impactos ambientales y su escasa capacidad para actuar como revulsivo económico capaz de revertir la tendencia a la despoblación en la provincia de Teruel. El reto del sector de hacer atractivos sus proyectos a territorios sin tradición minera como el Maestrazgo o el alto Alfambra es complejo: existen ejemplos de malas prácticas que han creado una imagen negativa, y que explican por qué han surgido ya conflictos en localidades como Alguilar del Alfambra.
La necesidad de una ordenación y planificación minero-ambiental fue una cuestión recurrente en ambas mesas redondas. Las propias empresas reclaman una seguridad que les permita acometer planes de inversión con garantías de futuro, mientras la población afectada reclama una sostenibilidad medioambiental y un compromiso de las empresas con el territorio que hacen que dicha ordenación aparezca como razonable y beneficiosa para todos. Sin embargo, a pesar de haberse intentado hace años su elaboración, y de haberse reclamado por el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPNA), no existe un plan de ordenación minera de Aragón. Mientras la mayoría de los ponentes de ambas mesas lo vieron como necesario, desde la administración minera actual se destaca la enorme dificultad, o incluso la inconveniencia, de elaborar dicho plan, argumentando para ello la problemática actual del sector: la diversidad de la demanda, la dificultad de que ésta sea satisfecha desde yacimientos también muy variables e impredecibles, y la dificultad de articular un texto normativo que no se oponga al conjunto de la legislación estatal.  
INFORMACIÓN DESARROLLADA:
Los pasados días 14 y 21 de enero se celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (Fundación CAI), un ciclo de dos mesas redondas sobre ‘La minería de arcillas a cielo abierto en Aragón: impacto ambiental y social’, organizadas por dos colectivos de opinión: el GEOFORO por una Nueva Cultura de la Tierra y el Colectivo Sollavientos.
El GEOFORO por una Nueva Cultura de la Tierra es un colectivo de opinión sin personalidad jurídica, pero que agrupa en este momento a más de un centenar de investigadores y profesionales aragoneses vinculados al campo de la geología, geografía, medio ambiente y territorio. Sus objetivos son fomentar la reflexión, el debate y la opinión crítica como forma de contribuir a la cultura científica de la sociedad y al enfoque racional de problemas de interés social enmarcados en ese campo de conocimiento.
El Colectivo Sollavientos es un colectivo que promueve asimismo la reflexión y el debate sobre los problemas del patrimonio, medio ambiente y paisaje turolenses y su interacción con los modelos de desarrollo socioeconómico que desde distintas perspectivas se plantean para Teruel.


PRIMERA MESA:
La primera mesa redonda (Explotación y restauración: el complejo equilibrio de la ‘sostenibilidad’) tenía como objetivo abordar aspectos más técnicos: contexto geológico y minero de los yacimientos de arcillas, fundamentalmente en la provincia de Teruel; normativa y métodos de explotación; problemática técnica de la restauración de las explotaciones a cielo abierto; política de ordenación de la Administración en aras de la compatibilidad medioambiental del sector.
Contó con la participación de: 
José Ignacio Urbizu, Jefe de Sección de Promoción, Inspección y Desarrollo Minero, DGA.
Óscar Fayanas, geólogo, técnico del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
José Manuel Nicolau, ecólogo, Profesor Titular de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
José Antonio Alfaro, geólogo consultor, Teruel.
y fue moderada por José Luis Simón, Catedrático del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

José Luis Simón explicó cómo la extracción de arcillas para la industria cerámica y la construcción es en Aragón, y especialmente en la provincia de Teruel, una actividad económica relevante. Existen explotaciones de arcilla tanto de pasta roja como de pasta blanca, casi todas ellos en formaciones geológicas del Cretácico inferior, las principales en Galve, Riodeva y el área de Castellote-Berge-Estercuel-Ariño. Abastecen principalmente a la industria cerámica de Castellón. Las arcillas para pasta roja se destinan a la fabricación tanto de ladrillos y tejas como de pavimentos y revestimientos cerámicos. Se presentan en yacimientos de gran espesor con poca proporción de estéril, con costes de extracción y precio (3-4 euros/Tm) reducidos. Los ratios muy bajos de estéril reducen las posibilidades de restaurar y minimizar los huecos finales de explotación. Las arcillas para pasta blanca y refractarias se presentan en capas de menor espesor y con mayor cantidad de estériles. Ello permitiría ejecutar una minería de transferencia que dejase un hueco final de menores dimensiones. Su mayor valor en la industria de cerámica y sanitarios (30-90 euros/Tm) podría también propiciar unas mayores posibilidades de restauración. 
José Ignacio Urbizu ahondó en la complejidad en la distribución geológica de los yacimientos de arcillas, el carácter variable y difícilmente predecible de sus propiedades, y cómo es necesario conjugar su explotación racional con una distribución de la demanda también compleja.  
El funcionamiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, la principal herramienta que la Administración ha implementado para garantizar la compatibilidad medioambiental de las explotaciones, fue valorado positivamente, en general, por Óscar Fayanas y José Antonio Alfaro. Sin embargo, ambos admiten que a la Administración se presentan Estudios de Impacto Ambiental de calidad muy desigual. Algunos demuestran un elevado desconocimiento de la geología de la zona, minusvaloran los valores naturales y culturales del territorio, y son excesivamente optimistas sobre el resultado de sus planes de restauración. Algunos se devuelven para que se subsanen las deficiencias, y 6 de los últimos 20 proyectos tramitados han recibido Declaración de Impacto Ambiental negativa.
Cuestión diferente es la posterior labor de inspección y vigilancia ambiental, que, según José Ignacio Urbizu y Óscar Fayanas, desempeñan de forma coordinada los órganos administrativos de minas y medio ambiente con personal cualificado. Esa vigilancia ya se efectuaba en Aragón antes de la creación del Departamento de Medio Ambiente en Aragón en 1993, intensificándose desde entonces hasta culminar, el año pasado, en la aprobación de un protocolo de inspección riguroso. No obstante, los medios humanos disponibles resultan insuficientes para atender anualmente al conjunto del sector. Esto, junto a demoras injustificadas que con frecuencia se producen en la clausura de las explotaciones, hace que el cumplimiento de las restauraciones sea insuficiente.
Para garantizar la correcta realización de los trabajos de restauración la empresa debe constituir un aval. El problema es que hay constituidos avales muy antiguos y desfasados, que las empresas renuncian a recuperar porque les resulta más rentable no pasar la inspección final y dejarlos perder. José Ignacio Urbizu reconoce que el procedimiento para la ejecución de los avales es muy complejo, porque han de intervenir distintos departamentos y las partidas presupuestarias han de estar aprobadas en las leyes de presupuestos. Hasta la fecha no existe ningún caso en Aragón en el que se haya procedido a ejecutar una restauración por la Administración con el importe de los avales no devueltos, si bien está prevista desde el Departamento de Economía, Industria y Empleo, una vez aprobados los presupuestos, la puesta en marcha de un procedimiento para ello.
La situación descrita explica por qué, en el caso de la minería de arcillas, no se han conseguido los mismos resultados en cuanto a restauración que en la minería del carbón. Según José Manuel Nicolau, en esta última pueden presentarse algunos buenos ejemplos (Escucha, Andorra) en que se ha conseguido una notable recuperación del entorno, tras una década de esfuerzos en I+D por parte de las grandes empresas (ENDESA, MFU). En el subsector de las arcillas, un reciente estudio hecho en la Universidad para un área muy activa en la provincia de Teruel (Castellote-Berge-Estercuel-Ariño) muestra que hay ocupadas por canteras un total de 540 ha, de las que sólo el 14% está restaurado. Un único ejemplo de buena restauración es una parte de la mina ‘Irene’, de Minera Sabater. Debería haber más investigación que definiese las técnicas idóneas de restauración en cada caso; la Administración debería ser exigente con ello y, a la vez, dejar de aplicar manuales obsoletos y admitir nuevas técnicas que se van experimentando con buenos resultados.
Un documento sobre la problemática ambiental de la minería de arcilla, que el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPNA) elevó en 2007 al Gobierno de Aragón, reclamaba que el Gobierno de Aragón elaborase un Plan de Ordenación Minera que estableciera las zonas susceptibles de aprovechamiento. Aunque, en una Jornada organizada en Teruel en 2008, desde fuentes de la administración minera se anunció que se estaba elaborando, José Ignacio Urbizu reconoce que no prosperó y, a fecha de hoy, dicho plan no existe. Añade, no obstante, que la problemática actual de la minería quizá no precise un plan de ese tipo. Establecer en Aragón un marco normativo propio, contando con la participación de todos los actores implicados en este sector, y respetando el conjunto de la normativa existente en materia de minería, seguridad y medio ambiente, resulta complejo. El propósito de la Administración de Minas no es establecer restricciones a la actividad, sino fomentar el desarrollo de aquellas explotaciones viables, cuyo aprovechamiento se lleve a cabo de forma racional y compatible con el medio ambiente, generando riqueza y valor añadido en la Comunidad.  
José Antonio Alfaro y José Manuel Nicolau defienden que sí haría falta una planificación de carácter minero-ambiental. Debería estar soportada por una Evaluación Ambiental Estratégica que analizase los territorios en su conjunto y estableciese dónde se puede y dónde no se puede afrontar nuevos proyectos mineros. La proliferación de pequeñas minas en las que se trabaja de forma discontinua, a demanda de los clientes, sugiere que el sector puede estar sobredimensionado. Mientras tanto, décadas, y sin que quede claro muchas veces si determinadas minas han cesado o no definitivamente su actividad, su impacto es manifiesto.


SEGUNDA MESA:
La segunda mesa redonda (La minería actual y los nuevos proyectos: expectativas y respuestas en el territorio) abordó los aspectos más sociales: el dilema que se plantea entre los impactos medioambientales, socioeconómicos y patrimoniales de este tipo de minería y las oportunidades de desarrollo que puede ofrecer a Aragón, especialmente a Teruel; cómo conjugar los intereses de los distintos sectores implicados (empresas mineras, población y ciudadanos preocupados, Administración autonómica y local). Se reflexiona sobre la proliferación de nuevos proyectos en trámite en zonas de tradición no minera, que comprometen otras formas de desarrollo del territorio, y conciernen, por tanto, a toda la sociedad, y se analiza la experiencia histórica en algunas localidades. 
Contó con la participación de:
Alejandro J. Pérez Cueva: Catedrático de Geografía, Universidad de Valencia.
Emilio Querol: Ingeniero Técnico de Minas, Asistencia Técnica Minera, S.L. 
Javier Oquendo: Educador ambiental. Escuela de Actividades en la Naturaleza (EANA), Castellote; Colectivo Sollavientos.
Miguel Ángel Herrero: Arqueólogo; Conjunto Paleontológico y Museo de Galve, asociación cultural ‘Dinosaurio’,
y fue moderada por José Luis Simón, Catedrático del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

(Los organizadores aclararon que se hicieron gestiones para conseguir que alguna de las principales empresas mineras que operan en Teruel (Minera Sabater, Sibelco, Samca) estuviesen representadas de forma directa en la mesa, pero por diversas razones no pudo conseguirse).
José Luis Simón dibujó el contexto socio-económico. El peso de la minería es importante en Teruel: 1.100 empleos directos, 1,2 % de la población activa en general (5% en el medio rural), 3’5% del PIB provincial (datos de 2004). Pero es menos relevante que antaño (menor peso que los 2.600 empleos de la hostelería). Castellón, con el 94% de la producción nacional de pavimentos y revestimientos cerámicos (10-11% de la producción mundial; datos de 2007) es el principal cliente de la minería de arcillas turolense. España es la 2ª/3ª productora mundial de pavimentos y revestimientos cerámicos, detrás de China y similar a Italia. Casi la mitad para consumo interno (3ª consumidora mundial absoluta tras China y Brasil, y 1ª en consumo por habitante). En Teruel, en cambio, no existe apenas industria transformadora. Si se reanuda el crecimiento del sector cerámico es previsible una presión sobre las reservas potenciales de Teruel, por agotamiento a medio plazo de las actuales reservas de arcilla roja de la Comunidad Valenciana, y porque allí no existen apenas yacimientos de arcilla blanca (una parte se importa desde Ucrania y Reino Unido, con costes crecientes). Esa eventual expansión de la minería de arcilla a zonas del Maestrazgo, Gúdar o Alto Alfambra, que no tienen tradición minera y conservan paisajes naturales con otros tipos de uso, supondría un cambio drástico en sus formas de vida y podría originar conflictos como los ya surgidos en algunas localidades. 
Emilio Querol destacó el importante papel que la minería cumple satisfaciendo necesidades de muchos productos que la industria y la sociedad necesitan, y cómo las empresas reclaman una seguridad que les permita acometer planes de inversión y negocio con garantías de futuro. Se querría tener garantía de que, dentro de zonas prefijadas, la Administración no pusiese tantas trabas como ahora pone a la aprobación de proyectos.
El moderador recordó que esa seguridad, que también reclama la población afectada (seguridad de sostenibilidad medioambiental, seguridad de compromiso con el territorio) requiere una ordenación y planificación minero-ambiental, algo que Emilio Querol reconoció como razonable y beneficioso para todos. Sin embargo, se trajo a colación la dificultad, o incluso la inconveniencia, expresada en la mesa anterior por José Ignacio Urbizu, Jefe de Sección de Promoción, Inspección y Desarrollo Minero de la DGA, acerca de un eventual plan de ordenación de minera en Aragón. Argumentaba para ello la problemática actual del sector: la diversidad de la demanda de productos específicos, y la posibilidad de que ésta sea satisfecha por yacimientos también muy variables; la dificultad de articular un texto normativo que no se oponga al conjunto de la legislación estatal. Urbizu ve la clave no en una planificación general y un régimen de sanciones, sino en la concienciación por parte de las empresas explotadoras de que lo esencial es ir restaurando desde las primeras fases del laboreo; esperar al final no hace sino dificultar técnicamente la restauración y encarecerla.
A esta visión opone José Luis Simón una reflexión basada en impresiones recibidas de varios frentes: quizá hay dificultades ‘estructurales’, insoslayables, para hacer cumplir las normas, y para que los planes de labores y restauración se ejecuten. Frente a una minería como  la del carbón, donde el recurso está más definido, los yacimientos quedan bien caracterizados tras la fase de investigación, y la marcha de la explotación (minería de transferencia, restauración) puede por tanto predecirse razonablemente, los yacimientos de arcilla (sobre todo la de pasta blanca) son mucho más impredecibles en relación con los requerimientos técnicos que los clientes van a demadar a corto y medio plazo. Ello haría casi imposible la planificación: el yacimiento se va explotando conforme se encuentran zonas que cumplen la demanda del cliente, abriendo frentes y haciendo acopios según decisiones que cambian cada poco tiempo. 
  Emilio Querol coincide con ese análisis, lo que le lleva a expresar una sugerencia urgente a la Administración: debería haber más flexibilidad en la ejecución de los planes de labores y restauración, pudiendo actualizarlos para hacer frente a todas esas contingencias. Ello requeriría inspecciones, por ejemplo, semestrales, que permitirían la actualización de los planes con protocolos más eficaces y plazos administrativos más cortos. 

Acerca de las posibilidades reales que tiene la provincia de Teruel de aprovechar las ventajas económicas derivadas de esta actividad, y que ello contribuya a asentar la población en el medio rural, Alejandro J. Pérez es pesimista. La minería de arcillas podría ser una oportunidad, pero también una amenaza al sufrir posibles impactos negativos otros recursos (cultura, paisaje) y sobre otras alternativas de desarrollo. Siete de las diez comarcas turolenses tienen una densidad de población de menos de 10 habitantes/km2, y tres de ellas (Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Albarracín) incluso por debajo de 5 habitantes/km2. Se trata de un verdadero desierto demográfico. Esta situación sólo podría revertirse con cambios estructurales profundos en el modelo de producción-consumo, y la minería a cielo abierto no puede aportarlos: en ocasiones una mina requiere para su explotación sólo dos o tres operarios, los transportistas viven generalemente fuera…
Miguel A. Herrero explica la experiencia de Galve. La mina que hay en esta localidad lleva varias décadas explotándose. Inicialmente ayudó a mantener la población, operada por una empresa pequeña, ARCITRAS; llegó a tener 20 trabajadores y 15 camiones. Al pasar a la multinacional WBB (grupo Sibelco) se recortan drásticamente los empleos; ahora sólo tiene 3 operarios de una subcontrata.  Mientras, se ha ido acumulando un fuerte impacto ambiental que la asociación cultural ‘Dinosaurio’ ha denunciado repetidamente. En la Jornada de Teruel en 2008, un representante de WBB afirmaba que la empresa se encontró en Galve una situación heredada del pasado, sin un plan de extracción ni de restauración; también, que se había presentado entonces un plan que iba a ordenar la explotación, pero los resultados hoy son lamentables. En Galve ahora es bastante más importante la economía que deriva del turismo cultural (patrimonio paleontológico), turismo rural… Esta diversificación de actividades económicas es lo que permitió el mantenimiento de la escuela, que a principios de los 90 estuvo a punto de cerrarse por falta de niños; ahora tiene 20 alumnos.  
Javier Oquendo explica que en Castellote hay 6 minas de arcilla blanca en explotación, de las que 5 están en espacios protegidos de la Red Natura 2000 y la sexta en el entorno de un importante yacimiento paleontológico (El Barranquillo), en situación muy vulnerable. Una de ellas está prácticamente en el casco urbano, y tres de ellas tienen un fuerte impacto visual desde el pueblo, mientras que su incidencia en el empleo es escasa: apenas dan empleo permanente a dos personas. También aquí hay un sector terciario relevante (hostelería, Escuela de Actividades en la Naturaleza, subsede de Dinópolis, turismo rural…) que da 15 empleos fijos todo el año. Sin embargo, ambos sectores conviven bien: los empresarios turísticos no perciben la minería como una amenaza, quizá porque Castellote es un municipio de tradición minera.
Alejandro J. Pérez destaca las fuertes afecciones que la minería a cielo abierto produce en el paisaje. El paisaje es una realidad subjetiva, cuya valoración depende de la perspectiva del observador. Se valora cada vez más como recurso y como seña de identidad, pero también es un hecho cambiante: cada generación hereda un paisaje distinto; las parameras de Teruel son un paisaje deforestado por la acción humana. Pero comprende que ciertas localidades del Maestrazgo o del alto Alfambra, que no tienen tradición minera y que quieren conservar su paisaje y sus modos de vida, se opongan a nuevos proyectos que les amenzan. 
Es el caso de Aguilar del Alfambra, donde existe un contencioso grave entre la empresa Sibelco, que quiere abrir una nueva mina muy cerca del pueblo, y los habitantes, que casi unánimemente la rechazan. Han pasado muchos años desde que el Ayuntamiento otorgó un permiso de explotación a WBB (ahora Sibelco), en un momento en que la corporación municipal tenía otra composición y no existía en el pueblo suficiente conciencia de las consecuencias que podría tener. Posteriormente, el Ayuntamiento impugnó aquella concesión, amparándose en un posible fraude cometido por la empresa al calcular el volumen total anual de material removido, situándolo artificialmente por debajo del límite que hubiese exigido una Evaluación de Impacto Ambiental, que en su momento no se hizo. Se creó asimismo la Plataforma Aguilar Natural como instrumento de acción ciudadana contra el proyecto de mina. El contencioso ha llegado a todas las instancias judiciales, hasta el Tribunal Supremo, que no han dado la razón al Ayuntamiento; en teoría, éste debería otorgar el permiso administrativo a la explotación. En paralelo, una carta publicada en la prensa por la Plataforma Aguilar Natural, criticando la sentencia inicial de una juez de Teruel a favor de la empresa, fue causa de querella por injurias de dicha jueza contra los autores, que prosperó aunque fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y, ahora, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Miguel A. Herrero interpreta que en Aguilar del Alfambra no hacen sino tomar nota de lo que ha ocurrido en la vecina localidad de Galve. Aquí han visto que las expectativas socioeconómicas iniciales no se han cumplido, y que lo que queda es sólo el impacto negativo de una mina que pertenece a la misma empresa que ha presentado el proyecto en Aguilar, y que no está haciendo bien las cosas.   
La mesa redonda concluyó con algunas reflexiones generales: la necesidad social de la minería, la necesidad de que la Admimistración regule el sector y haga todo el seguimiento que sea necesario, y de que la sociedad toda se haga responsable de las consecuencias de sus propios hábitos de consumo (Emilio Querol); la existencia de demasiados ejemplos de malas prácticas, historias de complejos mineros que en su tiempo dieron riqueza y prosperidad a una comarca y de los que hoy no queda nada, y el reto que el sector tiene de revertir esa imagen (Javier Oquendo); la necesidad de recordar que también la naturaleza nos provee de bienes y servicios medioambientales que a veces no valoramos suficientemente, y que deben ser contemplados en el balance de los pros y contras de cada proyecto (José Manuel Nicolau).

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